La política migratoria europea vuelve a mirar fuera de sus propias fronteras. El 4 de septiembre, responsables de Migración de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia se reunieron en Copenhague para impulsar un modelo común de centros de retorno, instalaciones ubicadas en terceros países para personas cuya permanencia en la Unión Europea ya no ha sido autorizada.

El objetivo político es comenzar los primeros traslados en 2027. Todavía no existe un país anfitrión confirmado oficialmente, aunque Ruanda y Uganda han aparecido en cobertura periodística como posibles opciones. La novedad no está tanto en la idea —Europa lleva años ensayando fórmulas de externalización— como en el intento de convertirla en una herramienta estable del sistema europeo de retornos.

La pregunta incómoda: ¿se puede externalizar también la responsabilidad?

El nuevo marco europeo condiciona estos acuerdos al respeto del derecho internacional y del principio de no devolución. Ese principio, conocido como non-refoulement, impide enviar a una persona hacia un país donde pueda enfrentar persecución, tortura o trato inhumano, incluso cuando el riesgo aparezca a través de una devolución posterior.

La jurisprudencia europea lleva décadas insistiendo en que la frontera física no es una línea mágica que borra obligaciones. Casos como Soering v. United Kingdom y Hirsi Jamaa v. Italy han establecido que un Estado puede responder por exponer a una persona a riesgos previsibles fuera de su territorio.

Mover a una persona a otro país no significa que desaparezca la responsabilidad sobre las consecuencias de esa decisión.

Los precedentes que pesan sobre el nuevo modelo

Europa llega a este debate con antecedentes poco cómodos. En 2023, la Corte Suprema británica frenó el plan del Reino Unido para enviar solicitantes de asilo a Ruanda al considerar que existía un riesgo real de devolución en cadena. El gobierno británico terminó abandonando el esquema.

Italia, por su parte, ha enfrentado bloqueos judiciales en la aplicación de su protocolo con Albania. La experiencia ha mostrado que los acuerdos políticos pueden avanzar con rapidez, pero la validación judicial suele exigir análisis individualizados y garantías más concretas.

El punto ciego para personas LGBTIQ+

Para solicitantes LGBTIQ+, la idea de un “tercer país seguro” plantea una dificultad adicional: un mismo país puede ofrecer condiciones aceptables para una persona y ser peligroso para otra por su orientación sexual o identidad de género.

La abogada y psicóloga ecuatoriana Diane Rodríguez, experta en derecho internacional de los derechos humanos, movilidad forzada y protección LGBTIQ+, advierte que la evaluación de seguridad no puede limitarse a leyes escritas. Debe revisar violencia social, prácticas policiales, acceso a salud, condiciones de internamiento, riesgo de revictimización y capacidad real de recurrir una transferencia.

Silueta X pone el foco en la documentación preventiva

Asociación Silueta X, presidida por Diane Rodríguez, trabaja en documentación e incidencia para personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad y vulnerabilidad. La organización plantea que antes del primer traslado deben existir informes país específicos, protocolos de registro de riesgos y redes capaces de documentar lo que ocurra dentro de estos centros.

El debate europeo apenas entra en una nueva fase. Lo que ya está claro es que el modelo no se jugará solo en mesas ministeriales: terminará también en tribunales, organizaciones de derechos humanos y expedientes individuales donde cada riesgo deberá ser probado.