El caso Carlina demuestra por qué Ecuador necesita una política nacional efectiva contra las prácticas de conversión

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Carlina llevó su caso hasta una condena: por qué esta sentencia marca un momento clave para las personas LGBTIQ+ en Ecuador

Seis personas fueron condenadas en primera instancia por actos de odio en un caso vinculado a internamientos forzados y prácticas de conversión. Detrás de la sentencia hay años de denuncia, organización e incidencia.

Prid3ly Revista · Ecuador · Septiembre de 2026
La historia de Ariel Carlina Zambrano Quiroz no termina en una denuncia. En 2026, después de años de proceso, seis personas fueron condenadas en primera instancia dentro de una causa por actos de odio. El caso vuelve a poner bajo la lupa una violencia que durante décadas ha afectado a personas LGBTIQ+: las llamadas prácticas de conversión.
Fuente principal

Asociación Silueta X publicó un comunicado institucional con la cronología de su intervención, la documentación del caso y los antecedentes de su campaña contra las llamadas clínicas de conversión.

Consultar comunicado de Silueta X

Una sentencia que no apareció de la nada

La información disponible señala que tres personas fueron condenadas como autores directos a cuatro años de prisión y tres como cómplices a dos años.

La causa se siguió por actos de odio y llegó a juicio con siete procesados. La sentencia escrita completa todavía debe ser revisada para conocer de forma definitiva la situación de todos los involucrados, las medidas de reparación y los recursos posteriores.

La relevancia del caso no está solo en la pena. Está en que una víctima sostuvo durante años una denuncia vinculada a violencia ejercida desde su propio entorno.

¿Qué son las prácticas de conversión?

Se conoce como prácticas de conversión a distintos métodos utilizados para intentar modificar, suprimir o negar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

En Ecuador, distintas denuncias han descrito internamientos forzados, coerción psicológica, prácticas religiosas impuestas, violencia, aislamiento y otros mecanismos aplicados contra personas LGBTIQ+.

Muchas de estas prácticas han ocurrido en establecimientos que formalmente funcionan como centros de tratamiento para consumo problemático de alcohol y otras drogas.

El caso de Carlina ya había sido denunciado públicamente en 2021

El 27 de septiembre de 2021, el entonces Centro Psico Trans de Quito, hoy Centro Psico X de Asociación Silueta X, publicó el caso y alertó sobre los internamientos que Carlina había sufrido.

La organización pidió intervención estatal y medidas de protección. Al día siguiente, Fiscalía informó sobre actuaciones investigativas y allanamientos relacionados con el caso.

Ver publicación original de Silueta X →

Ver boletín oficial de Fiscalía →

Del caso personal a una campaña nacional

En febrero de 2022, organizaciones de sociedad civil impulsaron una campaña en All Out para exigir al Estado ecuatoriano la reactivación de una ruta específica de atención para personas LGBTIQ+ recluidas contra su voluntad.

La campaña mencionó expresamente los casos de Karlina y Priscila como evidencia de que el problema seguía vigente y requería una respuesta estructural.

Ver campaña en All Out →

Ecuador ya tenía un antecedente

El caso Carlina no es el primer antecedente penal conocido relacionado con estas prácticas.

En 2013, el caso de Zulema Constante también estuvo vinculado a una clínica que ofrecía supuestamente “curar” la homosexualidad.

Por eso, el caso Carlina puede describirse con prudencia como el segundo antecedente penal conocido en Ecuador relacionado con prácticas de conversión.

Dos casos en más de una década no significan que el problema haya desaparecido. También pueden mostrar lo difícil que sigue siendo para muchas víctimas denunciar, sostener un proceso y conseguir una decisión judicial.

Carlina convirtió el silencio en expediente

Uno de los elementos más importantes del caso es la decisión de Carlina de denunciar y sostener su proceso durante años.

Cuando la violencia proviene de personas cercanas o familiares, las barreras emocionales, económicas y sociales para denunciar suelen ser mayores.

Por eso, esta sentencia no solo interpela al sistema judicial. También interpela a las familias, a las instituciones de salud y a una sociedad que todavía puede confundir control con protección.

La identidad de una persona no necesita terapia para desaparecer. Necesita derechos para existir con libertad.

Cinco datos para entender el caso

01. El caso fue visibilizado públicamente desde septiembre de 2021.
02. La causa penal se siguió por actos de odio.
03. Siete personas fueron llamadas inicialmente a juicio.
04. En 2026 se conoció una condena de primera instancia contra seis personas.
05. La sentencia escrita completa todavía debe revisarse para determinar su alcance jurídico definitivo.

Lo que viene ahora

La publicación de la sentencia completa permitirá analizar con mayor precisión las razones del Tribunal, las medidas de reparación para Carlina y los posibles recursos.

También permitirá responder una pregunta más amplia: si esta decisión quedará como un caso aislado o si servirá para fortalecer la respuesta estatal frente a futuras denuncias de prácticas de conversión.

¿Necesitas orientación o quieres denunciar?

Asociación Silueta X mantiene su Consultorio Jurídico X para personas LGBTIQ+, mujeres, migrantes, personas trans y otros grupos prioritarios que enfrenten violencia, discriminación o vulneración de derechos.

En denuncias.siluetax.org puedes:

  • Presentar directamente una denuncia.
  • Solicitar asesoría jurídica gratuita.
Acceder al canal de denuncias

Fuentes

  1. Asociación Silueta X. Comunicado institucional sobre el caso Carlina y antecedentes de incidencia frente a prácticas de conversión.
    Consultar fuente principal
  2. Asociación Silueta X. Publicación original sobre el caso Carlina, 27 de septiembre de 2021.
    Ver publicación
  3. Fiscalía General del Estado. Investigación del caso Karlina, septiembre de 2021.
    Ver fuente oficial
  4. Campaña de sociedad civil en All Out para reactivar la ruta estatal frente a prácticas de conversión, febrero de 2022.
    Ver campaña
  5. Fiscalía General del Estado. Siete personas llamadas a juicio por actos de odio, diciembre de 2024.
    Ver fuente oficial
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